Todos sufrimos y pasamos por el agonizante final del 2013, el año de las reformas constitucionales, estructurales, necesarias, urgentes, en beneficio de la nación y todos los demás adjetivos con los que el Gobierno de la República y el galán del cuento, Quique Copetes, las han calificado.
El año que hemos dejado atrás carga con reformas aprobadas a velocidad Usain Bolt y a pesar de que se veían venir, nunca las imaginamos con tanta presura. Por ejemplo la energética tardó unos tres días en ser aceptada por los 17 congresos estatales necesarios para avalarla como constitucional. ¡Tres días! en ser leída, debatida y votada por 17 diferentes congresos. Uno quisiera poder tener la capacidad de lectura y entendimiento de nuestros representantes, aunque ahora entiendo porqué los hemos elegido.
Sobre la misma línea de la reforma energética no puedo declararme totalmente a favor o en contra de ella, problema que hace difícil la petición perredista de una consulta. Lo que sí debo confesar es que bajo la lógica que ellos proponen, la consulta se debería hacer sin ningún cuestionamiento, pues es verdad que en la campaña electoral del Lic. Copetes no se mencionaba nada de dicha reforma y los votantes ejercieron su facultad a ciegas (ciegos y sobre todo ciegas que votaron por el galán y por su historia, más que por las casi nulas propuestas).
El debate giró en torno a la privatización y la apertura del mercado energético a las transnacionales con las famosas licitaciones y los contratos de utilidad compartida. El PRI se valió de la figura del Tata y de un slogan que dejaba en claro que tanto PEMEX, como el petróleo son y serán de los mexicanos. Lo que aquí molesta es que ni es verdad, ni es mentira. En principio no es verdad porque el petróleo no es de los mexicanos, sino del gobierno. No es mentira porque el petróleo, el crudo, sí seguirá siendo controlado por el gobierno, pero las utilidades, que es lo que nos importa como ciudadanos, serán compartidas. En pocas palabras el petróleo como tal, ese que nunca ha visto (a menos que usted sea trabajador de PEMEX, o que por azares del destino haya tenido la oportunidad), no se privatiza y que las utilidades (monetarias, económicas) del petróleo se comparten según el contrato. Puede ser, y es la tirada del gobierno, que con la parte de las utilidades obtenidas en los nuevos contratos, los ingresos por petróleo crezcan y los riesgos de extraerlo disminuyan, también puede salirle el copete por la culata y que los dividendos no sean suficientes, por último está la imprescindible teoría de la corrupción.
No me cabe la menor duda de que una reforma energética era y es aún necesaria y urgente. Lo que creo que deja mucho a desear es el sentido de sobre-urgencia con el que fue tratado y deliberado el asunto, así como el que la reforma no se centro en fortalecer a PEMEX, sino en cambiar su entorno y su mercado sin cambiar la estructura de la paraestatal.
La energética fue la más rápida de las reformas, siguiéndole detrás la de telecomunicaciones y la educativa que oscilan entre las dos semanas y el mes. Para tener una referencia y un contraste, la ley del estado laico tardó 9 meses, la reforma al Art. 24 constitucional que habla sobre las libertades éticas y religiosas fue avalada después de un año. Es claro que el Pacto por México influyó mucho en la velocidad de las reformas, sin embargo creo que como electores debemos exigir de nuestros representantes un análisis previo al voto, incluso si el voto se usa como estrategia o como parte de una negociación para aprobar una reforma diferente.
El año que hemos dejado atrás carga con reformas aprobadas a velocidad Usain Bolt y a pesar de que se veían venir, nunca las imaginamos con tanta presura. Por ejemplo la energética tardó unos tres días en ser aceptada por los 17 congresos estatales necesarios para avalarla como constitucional. ¡Tres días! en ser leída, debatida y votada por 17 diferentes congresos. Uno quisiera poder tener la capacidad de lectura y entendimiento de nuestros representantes, aunque ahora entiendo porqué los hemos elegido.
Sobre la misma línea de la reforma energética no puedo declararme totalmente a favor o en contra de ella, problema que hace difícil la petición perredista de una consulta. Lo que sí debo confesar es que bajo la lógica que ellos proponen, la consulta se debería hacer sin ningún cuestionamiento, pues es verdad que en la campaña electoral del Lic. Copetes no se mencionaba nada de dicha reforma y los votantes ejercieron su facultad a ciegas (ciegos y sobre todo ciegas que votaron por el galán y por su historia, más que por las casi nulas propuestas).
El debate giró en torno a la privatización y la apertura del mercado energético a las transnacionales con las famosas licitaciones y los contratos de utilidad compartida. El PRI se valió de la figura del Tata y de un slogan que dejaba en claro que tanto PEMEX, como el petróleo son y serán de los mexicanos. Lo que aquí molesta es que ni es verdad, ni es mentira. En principio no es verdad porque el petróleo no es de los mexicanos, sino del gobierno. No es mentira porque el petróleo, el crudo, sí seguirá siendo controlado por el gobierno, pero las utilidades, que es lo que nos importa como ciudadanos, serán compartidas. En pocas palabras el petróleo como tal, ese que nunca ha visto (a menos que usted sea trabajador de PEMEX, o que por azares del destino haya tenido la oportunidad), no se privatiza y que las utilidades (monetarias, económicas) del petróleo se comparten según el contrato. Puede ser, y es la tirada del gobierno, que con la parte de las utilidades obtenidas en los nuevos contratos, los ingresos por petróleo crezcan y los riesgos de extraerlo disminuyan, también puede salirle el copete por la culata y que los dividendos no sean suficientes, por último está la imprescindible teoría de la corrupción.
No me cabe la menor duda de que una reforma energética era y es aún necesaria y urgente. Lo que creo que deja mucho a desear es el sentido de sobre-urgencia con el que fue tratado y deliberado el asunto, así como el que la reforma no se centro en fortalecer a PEMEX, sino en cambiar su entorno y su mercado sin cambiar la estructura de la paraestatal.
La energética fue la más rápida de las reformas, siguiéndole detrás la de telecomunicaciones y la educativa que oscilan entre las dos semanas y el mes. Para tener una referencia y un contraste, la ley del estado laico tardó 9 meses, la reforma al Art. 24 constitucional que habla sobre las libertades éticas y religiosas fue avalada después de un año. Es claro que el Pacto por México influyó mucho en la velocidad de las reformas, sin embargo creo que como electores debemos exigir de nuestros representantes un análisis previo al voto, incluso si el voto se usa como estrategia o como parte de una negociación para aprobar una reforma diferente.
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